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Las Nuevas Tecnologías buscan adaptarse al derecho a la intimidad
El: 03/04/2003 Para Rafael Catalá, Secretario de Estado de Justicia, el nuevo reto legal es compatibilizar el intercambio de datos propio de la Sociedad de la Información con los derechos de los ciudadanos. El secretario de Estado de Justicia, Rafael Catalá, ha asegurado en la Conferencia de Primavera de las Autoridades Europeas de Protección de Datos, celebrada en Sevilla y que ha contado con la presencia de responsables de agencias de control de datos de más de 30 países, que la nueva responsabilidad de los gobiernos en materia de protección de datos radica en compatibilizar el uso de las Nuevas Tecnologías y el intercambio de datos que llevan consigo la globalización y la Sociedad del Conocimiento con la protección del derecho a la intimidad. "Ese es el desafío que se está abordando en el marco de la UE, que ha establecido una serie de directivas que se están transponiendo en el derecho interno de los estados miembros, y, de hecho, España ha sido de los primeros países en transponer las directivas", añade en este sentido Catalá. El secretario de Justicia también considera que "se está consiguiendo el equilibrio de un derecho nacional que asegure la protección de los datos, con el objeto de que garantice la protección de los derechos de las personas en un contexto imparable de avances tecnológicos y transmisión de la información". Ante los posibles riesgos de fuga de información, Catalá pone de manifiesto que "pueden estar en el incumplimiento del marco jurídico y precisamente esa es una de las funciones de la APD, controlar y garantizar que el marco normativo se cumple y que en la transmisión de datos y utilización de estos sistemas de información tan complejos no se producen infracciones al ordenamiento jurídico". Además, Catalá declara a este respecto que la obligación de que los registros y archivos de datos sean objeto de inscripción es una de las funciones fundamentales de la APD y ello garantiza que "todos esos sistemas de información que contienen datos personales están registrados y las personas que forman parte de esos archivos tienen conocimiento y deben prestar su autorización para la utilización de los datos". Por último, Catalá concluye que "España es un buen ejemplo de cómo los poderes públicos han creado organizaciones que están dedicadas especialmente a la garantía del derecho de los ciudadanos, pero una garantía que no sea una limitación de la Sociedad de la Información". |
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