Una Firma Electrónica es un bloque de caracteres que acompaña a un documento y que certifica quién es su autor (autenticación) y que no haya existido ninguna manipulación de los datos (integridad). Para firmar, el signatario utiliza una clave secreta que le vincula al documento. La validez de la Firma podrá ser comprobada por cualquier persona que disponga de la clave pública del autor.

Las claves pública y privada se relacionan entre sí a través de una Firma Electrónica, cuya validez se basa en que una Autoridad de Certificación de prestigio (como ipsCA) compruebe la identidad del emisor y asegure al receptor que dicha información sea cierta.

Desde el punto de vista técnico, lo que la Firma Electrónica aporta a la seguridad es su base criptográfica, es decir, la información es codificada (cifrada) para evitar que sea leída o alterada por terceras personas. La encriptación está considerada como uno de los mecanismos más fiables a la hora de garantizar la privacidad de los mensajes y el cumplimiento de la LOPD (Ley Orgánica de Protección de Datos).

Desde el punto de vista legal, usuarios y empresas demandan una cierta seguridad para que sus relaciones comerciales por Internet sean jurídicamente válidas. Para ello se han creado normas jurídicas ad hoc, tanto en Estados Unidos como en Europa.

En el caso del ordenamiento jurídico español, quizás la más importante sea el Real Decreto Real Decreto-Ley 14/1999, de 17 de septiembre, que otorga los mismos efectos jurídicos a la Firma Electrónica que al manuscrito. La validación legal de la Firma Electrónica elimina las barreras legales y potencia el desarrollo de negocios a través de Internet.