Las operadoras españolas de telefonía móvil mostraron hoy su oposición a la posible imposición de un nuevo impuesto municipal sobre su actividad, tal y como se está estudiando de cara a la reforma de la financiación de las Haciendas Locales. 'Estamos dispuestos a pagar por actos administrativos (licencias, permisos), pero no estamos de acuerdo con un impuesto de estas características', afirmó el consejero delegado de Telefónica Móviles España, Javier Aguilera.

Aguilera manifestó, en declaraciones a Europa Press tras su intervención en unas jornadas de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que la telefonía móvil es 'hipertributaria' e insistió en que 'ningún sector tiene mayor nivel de carga tributaria'.

Asimismo, recordó que la telefonía móvil ya debe hacer frente a un importante canon por el uso del espectro radioeléctrico y que, además, las compañías pagan a particulares o entidades por la instalación de las antenas. Por este motivo, manifestó que las operadoras rechazan un posible nuevo impuesto que consistiría en la imposición de una tasa del 1,5 por ciento de la facturación bruta que obtuvieran en cada municipio. Precisamente, la comisión de expertos para el estudio y propuesta de medidas de cara a la reforma de la financiación de las Haciendas Locales entregó ayer al secretario de Estado de Hacienda, Estanislao Rodríguez-Ponga, el informe de los expertos en el que se propone extender la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público a los sectores de telecomunicaciones, gas, agua o electricidad que utilicen el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales.

Esta tasa, que se aplica ahora de forma exclusiva a Telefónica de España por su antigua situación de monopolio, se sitúa en el 1,5 por ciento de los ingresos brutos procedentes de la facturación de este grupo de empresas que se obtenga anualmente en cada término municipal.

Durante su intervención en las jornadas de la FEMP sobre 'Ayuntamientos y desarrollo de la telefonía móvil', el máximo responsable de Telefónica Móviles España abogó por una 'Ordenanza Municipal única para todos los ayuntamientos' para regular la instalación y funcionamiento de las infraestructuras radioeléctricas.

Así, afirmó que las operadoras apoyan la Ordenanza propuesta por la FEMP y estimó que ésta 'tiene la oportunidad de homogeneizar las cosas', ya que actualmente hay más de 440 ordenanzas municipales vigentes, además del Real Decreto aprobado por el Gobierno el pasado mes de septiembre, y de las normativas específicas de Cataluña, Castilla La Mancha, Castilla-León y Navarra.

Aguilera explicó que los operadores han gastado este año 20 millones de euros para certificar y medir las más de 23.000 antenas instaladas en España y que sus emisiones son como media '1.400 veces inferiores a los niveles de potencia máximos marcados por la Orden Ministerial'. Las operadoras españolas, las únicas de Europa obligadas a medir todas las antenas, destinarán anualmente unos 20 millones de euros a esta tarea.

Además, Aguilera insistió en la necesidad de explicar a los ciudadanos que la telefonía móvil 'no afecta a la salud' y evitar así los problemas a los que se enfrentan actualmente las operadoras para continuar con el despliegue de sus redes.

Por otra parte, el director general de Telecomunicaciones, Bernardo Pérez de León, manifestó en la clausura del acto que el Ministerio de Ciencia y Tecnología está realizando un plan de inspección de las antenas próximas a las zonas consideradas 'sensibles' como escuelas, hospitales o parques públicos. Así, indicó que en los 1.647 emplazamientos analizados el valor de potencia de emisión es inferior unas '1.800 veces al máximo permitido'.